La investigación sobre las víctimas del terrorismo de Estado en el partido de Pilar continúa aportando elementos que permiten revisar no solo los hechos, sino también los sentidos construidos durante décadas. A partir del trabajo que inició en 2006, la abogada Lorena Lescano logró reconstruir historias, identificar patrones y poner en discusión algunas ideas instaladas sobre la represión en el distrito.

Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con el perfil de las víctimas. Lejos de una caracterización uniforme, el relevamiento muestra una diversidad de trayectorias atravesadas por un denominador común: el compromiso social. "Quienes fueron detenidos desaparecidos y/o asesinados en el distrito tenían algún grado de compromiso social, eran personas comprometidas con su realidad, con el momento histórico que se estaba viviendo y en la mayoría de los casos lo pagaron con su vida", explicó Lescano, en diálogo con Resumen.

En ese sentido, la investigación también permite matizar la idea de que la mayoría de las víctimas estaban vinculadas a organizaciones armadas. "Hay personas que sí participaban de organizaciones armadas, pero otros que simplemente tenían alguna militancia sindical o gremial, o eran estudiantes de nivel secundario. Los casos son variados", señaló Lescano.

De hecho, dentro del universo relevado, trabajadores, delegados y estudiantes ocupan un lugar central. "Representan la mayoría", sintetizó. Esta composición social se inscribe en una lógica represiva que, a nivel local, no difiere de lo ocurrido en otras partes del país.

En cuanto a las modalidades, los secuestros presentan características reiteradas. "Los sacaban de sus domicilios a la madrugada y luego la familia no tiene más rastros de la persona", describió. En los casos de personas asesinadas, también se identifican prácticas sistemáticas: "En su gran mayoría dejaban sus cuerpos y algún cartel que intentaba dar un mensaje de venganza o de ajusticiamiento entre los mismos militantes, pero en todos los casos resultaba ser un montaje".

Sobre este punto, Lescano vinculó esos mecanismos con hechos emblemáticos como la Masacre de Fátima o los casos registrados en Del Viso, donde las víctimas habían sido previamente detenidas en centros clandestinos. "Hoy se sabe que estaban alojadas en lugares como Coordinación Federal o el Vesubio", indicó.

El proceso de reconstrucción no fue solo técnico, sino también personal. "Tanto en lo personal como en lo profesional me resultó y me sigue resultando reconfortante contribuir con un poquito a reconstruir esa etapa de nuestra historia reciente", expresó.

Sin embargo, el trabajo está lejos de concluir. La propia investigadora advierte que el listado de víctimas sigue abierto. Entre los principales obstáculos aparece el paso del tiempo: "Algunos testigos o sobrevivientes ya no están, y eso es un gran problema". A esto se suman casos con escasa documentación o sin acompañamiento familiar que impulse las investigaciones.

Desde el inicio del relevamiento hasta hoy, el acceso a la información cambió de manera sustancial. "Cuando empecé no estaba institucionalizado el listado de la Secretaría de Derechos Humanos ni había tantas herramientas disponibles. Hoy se democratizó el acceso", explicó. Este nuevo contexto permitió incorporar datos y ampliar el registro.

La aparición de nuevos nombres responde a distintos factores. En algunos casos, se trata de identificaciones que se logran años después, como ocurrió con las víctimas de Fátima. En otros, el cruce de información o aportes de investigaciones académicas permiten completar piezas faltantes.

Aun así, Lescano considera que todavía puede haber casos no registrados. "Seguimos investigando porque quienes saben dónde están los desaparecidos son quienes perpetraron estos crímenes y continúan con su pacto de silencio", afirmó.

Otro de los ejes que atraviesa el trabajo es la inclusión de hechos previos al 24 de marzo de 1976. Para la abogada, este punto resulta clave para comprender el proceso represivo en su totalidad. "La represión no comenzó ese día, ya antes hubo detenciones ilegales, desaparecidos y personas fusiladas en plena calle", sostuvo.

En Pilar, esos antecedentes se expresan en operativos que fueron presentados como enfrentamientos pero que, según la reconstrucción, terminaron en ejecuciones. "Hay casos de personas que aparecen en la vía pública con impactos de bala", detalló.

Esta mirada permite trazar una continuidad entre el período previo y la dictadura. "Es una continuidad represiva, pero ya durante la dictadura los cuerpos en la mayoría de los casos no aparecen más", explicó.

A casi dos décadas del inicio de la investigación, el trabajo de Lescano no solo amplía el registro de víctimas, sino que también invita a repensar el alcance y las características del terrorismo de Estado en el ámbito local. Un proceso que, lejos de estar cerrado, sigue sumando preguntas y nuevas líneas de indagación.