Lo que comenzó como un allanamiento de rutina por una causa de narcotráfico en Pilar terminó con un giro inesperado y explosivo: los policías que debían detener a un sospechoso quedaron presos, acusados de extorsión, encubrimiento y robo, mientras que el joven investigado recuperó la libertad con la causa seriamente debilitada.

El operativo estaba a cargo de la Subdivisión Narcotráfico de Pilar de la Policía Bonaerense y tenía como objetivo la detención de un joven identificado como L.B., sospechado de guardar cocaína para una banda vinculada a dos puntos de venta en la zona. Sin embargo, antes de concretar la aprehensión, los efectivos le habrían ofrecido un "arreglo" ilegal: protección a cambio de dinero.

Según la investigación judicial, los policías le propusieron a L.B. informar el allanamiento como "negativo" ante la fiscalía para que zafara del arresto. A cambio, debía entregar 10 millones de pesos en el momento y luego abonar un pago mensual de 500 mil pesos. El joven aceptó el trato y pidió realizar una llamada a un familiar para conseguir el dinero inicial.

Ese movimiento alteró el plan. Al advertir que el contacto tenía fuertes influencias, los policías abortaron la maniobra y se llevaron detenido a L.B. Para no dejar rastros de lo ocurrido, arrancaron el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda y retiraron las cámaras instaladas en el lugar. Además, se llevaron perfumes del dormitorio de la pareja.

Lo que no esperaban era que la esposa de L.B. había escuchado toda la conversación desde el interior de la casa. Tras el traslado de su marido a la comisaría, se presentó ante la Justicia y denunció la extorsión directamente ante el fiscal Pablo Menteguiaga, quien había ordenado el allanamiento.

A partir de esa denuncia, la causa dio un vuelco total. El fiscal y su equipo constataron indicios que respaldaban el relato de la mujer: al regresar a la vivienda, encontraron cables colgando de las paredes donde antes estaban conectadas las cámaras. Luego, en una instancia clave, L.B. admitió haber sido presionado por los agentes.

Los testigos del procedimiento también aportaron datos comprometedores. Uno de ellos declaró que vio cómo la esposa del detenido preguntaba por qué se llevaban las cámaras y que uno de los policías respondió que era para no "comprometer a los testigos", una explicación que la Justicia considera insostenible.

Con estas pruebas, el fiscal dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. El jueves pasado se ordenó la detención de los policías involucrados y se allanó la Subdivisión Narcotráfico de Pilar. Si bien no se halló el DVR, sí se encontró una cámara de seguridad en el baúl de uno de los patrulleros y dos perfumes, que serán peritados para determinar si pertenecen a la vivienda de L.B.

Además, hay un quinto efectivo involucrado que no figura oficialmente, pero que fue quien se comunicó con el fiscal para informar el resultado del allanamiento. También quedaron imputados el jefe de la subdelegación y un subcomisario. Todos fueron desafectados de la fuerza.

Los policías enfrentan cargos por extorsión, encubrimiento agravado por la destrucción de pruebas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y robo agravado. La pena en expectativa podría alcanzar los 20 años de prisión. Uno de ellos suma además una imputación por falso testimonio agravado, tras haber brindado datos falsos sobre la identidad del sospechoso, al que describió como un "NN Gabriel, de 50 años", cuando en realidad L.B. tiene 25.

La paradoja del caso es que, al llevarse el DVR, los policías también se llevaron material que podría haber servido como prueba contra el propio L.B., ya que allí podrían haberse registrado imágenes de quienes dejaron la droga en la vivienda. Ahora, el joven permanece en libertad y procesado, mientras la causa se concentra en los agentes que, según la Justicia, cruzaron la línea y pasaron de investigadores a acusados.