La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge Alberto D'Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto lavado de activos de origen ilícito vinculada a maniobras con multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El tribunal de apelaciones ratificó además el embargo por 350 millones de pesos dispuesto por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán también confirmaron el procesamiento de Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, y el embargo de sus bienes por 300 millones de pesos.

En la resolución, a la que accedió Infobae, los jueces sostuvieron que el fallo de primera instancia "cumple con la manda de motivación que prescribe la norma", al considerar que contiene una explicación racional y fundada en los elementos reunidos en el expediente. Agregaron que la decisión del juez se basó en "una conclusión fundada en una valoración integral, lógica" acorde con las pruebas del caso.

La causa judicial

La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba que D'Onofrio lideraba, junto a la concejal Claudia Pombo, una presunta estructura criminal integrada por distintos estamentos y con división de funciones, destinada -según la presentación- a sustraer fondos provenientes del sistema de cobro de multas de tránsito en territorio bonaerense.

De acuerdo con la denuncia, el dinero habría sido luego invertido en la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo apariencia lícita, mediante la utilización de presuntos prestanombres o personas interpuestas.

Uno de los ejes centrales del expediente es la compra de una camioneta Audi Q8, registrada el 19 de octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de 30 millones de pesos. Sin embargo, la cobertura del seguro del vehículo ascendía a 173.800.000 pesos en ese momento.

Según la investigación, el uso, dominio y disposición del rodado corresponderían en realidad a D'Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducirlo desde su adquisición y abonaba el servicio de Telepase vinculado al vehículo.

El expediente también menciona la suscripción de un contrato por 30 millones de pesos entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., cuyos accionistas son los padres del ex funcionario. La sociedad, según consta en la causa, no registra actividad económica verificada ni domicilio operativo.

Para el juez de instrucción, la diferencia entre el valor declarado y el asegurado, sumada a la utilización de un contrato de mutuo sin respaldo económico comprobado, constituye un indicio de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos.

La camioneta fue transferida posteriormente a un tercero, Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió la competencia del tribunal para intervenir en la causa.

Las declaraciones y la renuncia

Al declarar, D'Onofrio negó haber sido propietario del vehículo y afirmó que solo lo condujo en una ocasión. Admitió, sin embargo, que Asensio le otorgó la cédula azul y explicó que retiró el TAG del Telepase y abonó el trámite con su tarjeta de débito debido a la "familiaridad" que mantenía con el ex funcionario.

Asensio, por su parte, sostuvo que adquirió la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno de la sociedad familiar y reconoció haber autorizado a D'Onofrio a conducirla.

El magistrado consideró inconsistentes ambas versiones y concluyó que Asensio habría actuado como interpuesto registral, es decir, como testaferro, en un esquema típico de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos.

D'Onofrio presentó su renuncia al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre pasado "por motivos personales", en medio del avance de esta causa y de otra investigación por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y la VTV, que tramita ante el fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.

En ese expediente, el ex ministro fue imputado como partícipe necesario de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por el esquema de multas, y como autor en la presunta maniobra vinculada a la VTV.