Una de las causas judiciales más resonantes vinculadas al fuero de Familia en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en los últimos días. La exjueza Alejandra Velázquez, quien durante años estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión luego de reconocer su responsabilidad en un hecho de cohecho agravado relacionado con procesos de adopción.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro y se conoció a mediados de esta semana. El fallo se produjo tras un acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de la exmagistrada, quien admitió haber cometido el delito de "Cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública".

Además de la pena de prisión, la sentencia dispuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años. Sin embargo, Velázquez no regresará a una unidad penitenciaria debido a que también se le concedió el beneficio de la libertad condicional, una medida que fue posible por el tiempo que llevaba privada de la libertad.

La investigación tiene sus raíces en hechos ocurridos durante 2011, aunque el escándalo tomó estado público varios años después. En 2017, la entonces jueza fue apartada de sus funciones en medio de graves denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en expedientes de adopción y supuestas maniobras de intermediación vinculadas a personas por nacer.

La situación comenzó a ser investigada luego de detectarse reiteradas ausencias de la magistrada en su lugar de trabajo. Aquellas denuncias derivaron en una pesquisa más amplia que terminó exponiendo numerosas anomalías dentro del juzgado que dirigía.

Durante la investigación, declararon distintas personas que señalaron haber recibido propuestas para participar en actividades vinculadas a la búsqueda de mujeres embarazadas o niños en condiciones de adoptabilidad. También se analizaron expedientes en los que se habrían detectado procedimientos irregulares relacionados con familias de alto poder adquisitivo.

No obstante, el fallo recientemente conocido, se concentra exclusivamente en la conducta que dio origen a la condena. Según la resolución judicial, Velázquez ofreció dinero a dos funcionarias públicas con la intención de influir indebidamente en actuaciones que debían desarrollar dentro de procesos de adopción.

El texto judicial aclara que el delito quedó configurado por el simple ofrecimiento de dinero, independientemente de que la propuesta fuera aceptada o no. De hecho, se destaca que ambas funcionarias rechazaron de manera categórica la oferta, motivo por el cual la maniobra nunca llegó a concretarse.

La situación procesal de la exjueza atravesó además un largo recorrido internacional. Cuando la Justicia argentina ordenó su detención en julio de 2024, Velázquez se encontraba en España. Allí fue localizada por Interpol y posteriormente alojada en una prisión de ese país el 2 de julio de 2025.

Poco más de un mes después, el 21 de agosto, fue extraditada a la Argentina. Desde entonces permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre.

Precisamente ese período de detención fue uno de los argumentos centrales utilizados por su defensa para solicitar la libertad condicional. La petición fue aceptada por la fiscalía y finalmente convalidada por el tribunal.

De esta manera, la exmagistrada quedó condenada y beneficiada con la libertad condicional en una misma resolución. La medida podrá ser revocada si incumple las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas no modificar el domicilio fijado ni cometer nuevos delitos.

Según consta en la sentencia, la pena finalizará el 1° de julio de 2028, mientras que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se extenderá hasta el 1° de julio de 2031.