El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Pablo Atchabahian, exsecretario de Salud del Municipio de Pilar, como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que habría montado un entramado de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La resolución, de más de 300 páginas, también alcanzó al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros 17 acusados, además de ordenar nuevas declaraciones indagatorias y millonarios embargos.

Atchabahian fue señalado por el magistrado como uno de los "operadores externos" que, junto a Miguel Ángel Calvete, habrían controlado de facto el funcionamiento de la ANDIS desde fuera de la estructura formal del Estado. Según la investigación, ambos actuaban como los cerebros económicos del esquema, digitando contrataciones millonarias en favor de droguerías vinculadas al negocio de la provisión de medicamentos, aprovechando la situación de emergencia para evitar licitaciones públicas.

Para Casanello, la maniobra consistió en un "sistema de retornos" mediante el cual empresas proveedoras vendían medicamentos con sobreprecios a la ANDIS y, a cambio, retribuían a funcionarios infieles y operadores externos. "La agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", sostuvo el juez en su fallo.

El procesamiento de Atchabahian lo ubica en la cúspide de una estructura jerárquica que tenía como principales jefes a Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini, y a los dos operadores externos. De acuerdo con la prueba reunida, el grupo direccionaba compras, evitaba controles y favorecía a empresas "amigas", generando ganancias millonarias a partir de contrataciones indebidas.

Aunque los procesados continuarán en libertad, Casanello dispuso un duro golpe patrimonial: trabó embargos por más de 202 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi equivalentes para cada uno de los cuatro principales acusados, entre ellos Atchabahian.

La causa se inició en agosto del año pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas que replicaron la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, el ex funcionario hacía referencia a internas políticas y a supuestas maniobras de corrupción dentro del organismo. Las defensas intentaron anular el expediente alegando la ilegalidad de los audios, pero Casanello rechazó hoy esos planteos y dejó en claro que los procesamientos se basaron en pruebas independientes, como expedientes administrativos y testimonios, y no en las grabaciones.

Uno de los pasajes más sensibles de la resolución advierte que lo investigado hasta ahora podría no agotar la totalidad del entramado. "El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados", escribió el juez, al sugerir que podría existir "otro nivel de complicidades" aún no identificado.

En ese marco, Casanello ordenó una nueva ronda de indagatorias y puso bajo la lupa a varias empresas proveedoras, citando a las personas jurídicas de Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA, presuntamente utilizadas como vehículos para concretar el fraude.

La situación judicial de Pablo Atchabahian adquiere especial relevancia por su pasado en la gestión pública local, donde se desempeñó como secretario de Salud de Pilar antes de quedar vinculado al negocio privado de las droguerías. Ahora, la Justicia federal lo ubica en el centro de una de las causas de corrupción más graves vinculadas a la política sanitaria y social de los últimos años, una investigación que, según el propio juez, aún podría escalar hacia niveles más altos de responsabilidad.