La investigación por el presunto lavado de dinero en torno a la compra de una mansión, vehículos de alta gama y otras propiedades en Pilar sumó este miércoles un testimonio clave. La gerenta del banco Coinag, entidad donde tenía cuenta la sociedad Real Central S.R.L., declaró ante la Justicia que los fondos depositados eran bajos y consideró imposible que desde esa cuenta se haya financiado la adquisición de los autos de lujo secuestrados en la causa.

La testigo, que viajó desde Rosario para declarar ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, fue consultada específicamente por la compra de un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos, cuyo origen de fondos había sido certificado por un contador como proveniente de la cuenta de Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Sin embargo, la gerenta fue categórica: a la fecha de la operación, los fondos disponibles eran "mínimos", por lo que esa certificación "era imposible".

Según fuentes judiciales, la funcionaria explicó que, por los movimientos habituales de la cuenta, "nunca pudo haber estado allí el dinero utilizado para comprar los vehículos". Desde la entidad bancaria reforzaron esa postura al señalar que los registros "claramente establecen que nunca estuvo ese dinero" y remarcaron que el banco es ajeno a cualquier operatoria irregular, con un funcionamiento ajustado a las normas del Banco Central.

La declaración se inscribe en la pesquisa que busca reconstruir la ruta del dinero utilizado para adquirir los 54 autos y motos de alta gama secuestrados en un galpón de la casaquinta de Villa Rosa. El lote fue valuado en 3.861.100 dólares por peritos oficiales y se determinó que los telepases de los vehículos se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que ya fue dada de baja por orden judicial.

El testimonio de la gerenta de Coinag reforzó las sospechas del juzgado, que ya había advertido inconsistencias al analizar el caso del Porsche, dado que en la cuenta informada no figuraba el dinero necesario para afrontar esa compra. Para el juez Aguinsky, esta ratificación resulta central para sostener que los fondos no provinieron de los canales declarados.

Nuevos testigos

En el marco de esta misma línea investigativa, el juzgado avanzará en los próximos días con nuevas convocatorias. Para el viernes está citado a declarar un broker, productor de seguros, que manejaba las pólizas de todos los vehículos secuestrados, las cuales habrían sido pagadas en efectivo. El objetivo es determinar quién abonaba esas pólizas y rastrear el origen del dinero utilizado.

Ese mismo día también deberán presentarse dos pilotos de helicóptero que aterrizaron en reiteradas oportunidades en el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, una propiedad valuada en unos 17 millones de dólares y que figura a nombre de Real Central. Sus testimonios buscarán aportar detalles sobre los movimientos en el lugar y posibles vínculos con los investigados.

En paralelo, la causa atraviesa una instancia clave en la Cámara Federal de San Martín, que debe definir qué juzgado continuará con la investigación. El tribunal dio vista al fiscal Alberto Gentilli para que dictamine si el expediente sigue en manos de Aguinsky o si debe pasar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como solicita la defensa de Pantano. Hasta que esa cuestión se resuelva, varias medidas -entre ellas la citación de empleados de la quinta y el descargo de los imputados- permanecen en suspenso.

Pantano, ex dirigente deportivo y monotributista, y su madre jubilada quedaron bajo la lupa por la presunta incompatibilidad entre sus ingresos declarados y el patrimonio investigado. En ese contexto, la Coalición Cívica denunció la posible utilización de la sociedad Real Central como una "pantalla" para ocultar bienes de terceros, lo que podría configurar un delito de lavado de activos, una hipótesis que la Justicia sigue profundizando con nuevas pruebas y testimonios.