La implementación de la Ley de Salud Mental volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones de Marcela Campagnoli a Resumen, quien cuestionó su aplicación en el país y apuntó especialmente a la falta de financiamiento como uno de los principales problemas estructurales.

Según señaló, desde la sanción de la normativa nunca se cumplió con el porcentaje presupuestario previsto. En ese sentido, remarcó que el sistema de salud mental funciona con recursos muy por debajo de lo establecido, lo que impidió desarrollar dispositivos adecuados tanto en hospitales generales como en tratamientos ambulatorios o de seguimiento.

Campagnoli sostuvo que esta situación impacta directamente en la calidad de atención y en la contención de pacientes y familias. Desde su mirada, la ley vigente presenta dificultades concretas, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias, que hoy requieren la constatación de un "riesgo cierto e inminente". Para la dirigente, ese criterio deja afuera numerosos casos en los que existe un peligro grave, aunque no inmediato.

En esa línea, planteó que el marco actual limita la capacidad de intervención temprana y complica la posibilidad de estabilizar a personas con padecimientos severos. Explicó que muchas familias se encuentran con barreras para actuar incluso cuando detectan señales claras de deterioro en la salud mental de un ser querido, lo que agrava los cuadros clínicos y aumenta los riesgos.

También cuestionó la conformación de los equipos interdisciplinarios encargados de definir internaciones, al considerar que debería ser obligatoria la participación de un médico psiquiatra en todos los casos. Argumentó que es el profesional indicado para analizar la historia clínica integral del paciente y definir el tratamiento más adecuado.

Otro de los puntos críticos señalados fue el cierre o la reconversión de instituciones monovalentes. Campagnoli defendió la necesidad de estos espacios especializados y advirtió que el sistema general no está preparado para absorber esa demanda, especialmente en un contexto donde crecieron los casos de depresión, ansiedad y consumos problemáticos.

Asimismo, indicó que la normativa habría desalentado la formación de nuevos profesionales en psiquiatría, lo que profundiza la falta de especialistas. En paralelo, subrayó el impacto social de esta problemática y la sensación de desprotección que manifiestan pacientes y familiares, quienes muchas veces no encuentran respuestas efectivas ante situaciones críticas.

Por último, propuso modificar la ley incorporando el concepto de "riesgo grave" para internaciones, exigir la firma de un médico especialista en las evaluaciones y permitir nuevamente instituciones especializadas. También consideró clave reforzar la inversión en salud mental y desarrollar dispositivos intermedios de atención. Para Campagnoli, sin cambios de fondo y mayor inversión, el sistema seguirá sin dar respuestas a una problemática en crecimiento.