La media sanción al nuevo régimen penal juvenil volvió a poner en el centro de la discusión pública la edad de imputabilidad y el rol del Estado frente a delitos cometidos por adolescentes. En ese marco, la exdiputada nacional Adriana Cáceres se pronunció a favor de la modificación aprobada en la Cámara de Diputados, aunque remarcó que la reforma debe estar acompañada por cambios más profundos en el funcionamiento del sistema.

El proyecto aprobado establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reemplaza la normativa vigente desde 1980. La iniciativa incorpora límites a las penas para menores, prioriza medidas socioeducativas en determinados delitos y prevé alternativas al encierro en casos de menor gravedad. Además, contempla partidas presupuestarias para su implementación y herramientas como la mediación penal y la suspensión del proceso a prueba.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Cáceres manifestó su postura frente al avance legislativo y sostuvo que la discusión debe centrarse en la efectividad del sistema. "Quien mata, tiene que estar preso. Hoy se está discutiendo el nuevo régimen penal juvenil. Bajar la edad de imputabilidad es necesario, pero por sí solo no alcanza", afirmó.

En su mensaje, la dirigente planteó que la modificación legal debe ir acompañada por políticas que permitan actuar antes de que los delitos se produzcan. "Porque si el Estado llega tarde, si no previene, si no actúa mejor y a tiempo, el daño va a estar hecho. Por eso, régimen penal juvenil, sí. Sistema que funcione mejor y en serio, también", señaló.

El debate sobre la reforma se reactivó en el Congreso en un contexto de preocupación social por la inseguridad y de reclamos por respuestas más firmes frente al delito. Desde distintos sectores se sostiene que el cambio en la edad de imputabilidad busca actualizar el sistema penal juvenil y alinearlo con estándares de otros países de la región, aunque también se advierte que la modificación, por sí sola, no resuelve la problemática de fondo.

En Argentina, las estadísticas oficiales muestran que el delito juvenil representa un porcentaje reducido dentro del total de causas penales, con predominio de hechos contra la propiedad y una proporción menor de delitos violentos. Sin embargo, casos de alto impacto social suelen reactivar la discusión sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y la respuesta del sistema judicial.

En ese escenario, Cáceres planteó la necesidad de que el debate legislativo no se agote en la sanción de la ley, sino que se traduzca en políticas concretas y sostenidas en el tiempo. "La pregunta es, ¿cómo hacemos para que este debate se traduzca en más seguridad y en justicia real para las víctimas?", expresó.

El proyecto aún debe ser tratado por el Senado para convertirse en ley. De obtener la aprobación definitiva, el nuevo régimen entraría en vigencia meses después de su publicación oficial, lo que abrirá una nueva etapa centrada en su implementación. Allí, el desafío será articular recursos, infraestructura y programas que permitan aplicar las medidas previstas y garantizar tanto la sanción de los delitos como la reinserción de los adolescentes.

Para Cáceres, la discusión no se limita a la edad de imputabilidad. Su planteo apunta a la necesidad de un sistema penal juvenil que combine sanción, prevención y acompañamiento. En esa línea, insistió en que la reforma debe ir acompañada por políticas públicas que permitan intervenir de manera temprana y eficaz, con el objetivo de reducir la reincidencia y brindar respuestas a las víctimas.