La investigación por el origen de los fondos utilizados para la compra de una quinta en Villa Rosa, valuada en unos 17 millones de dólares, registró este martes un avance significativo con la adopción de las primeras medidas ordenadas por Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quien recibió la causa la semana pasada.

Se trata del primer movimiento formal en el expediente desde que el magistrado heredó la investigación, que había sido instruida inicialmente por los jueces Marcelo Aguinsky y Daniel Rafecas, y que pasó a Campana tras una definición de la Cámara Federal de San Martín por cuestiones de competencia territorial.

Según indicaron fuentes del caso, este miércoles González Charvay libró cuatro oficios y dictó 30 órdenes de presentación con requerimientos dirigidos a distintas entidades públicas y privadas. Además, solicitó la realización de tres estudios periciales a organismos especializados y dispuso la intervención de ocho dependencias policiales para avanzar con las averiguaciones.

El juez recibió el expediente durante la feria judicial y comenzó a ordenar medidas tendientes a profundizar el análisis de la prueba ya recolectada en el fuero Penal Económico y en los tribunales federales de Comodoro Py. En el expediente hay informes, pericias, tasaciones y declaraciones testimoniales que permiten reconstruir el entramado investigado.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que puso bajo sospecha la adquisición de una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa. Si bien el inmueble figura a nombre de la firma Real Central, propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte -una jubilada y su hijo monotributista-, la Justicia investiga si ambos actuaron como presuntos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que no podrían justificar el origen de los fondos utilizados para la compra de los bienes.

Con el avance de la investigación, el juez Aguinsky también había puesto el foco en una presunta estructura financiera internacional destinada a desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA, a partir de una ampliación de la denuncia impulsada por el espacio político que lidera Elisa Carrió. En ese tramo apareció la firma TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría tenido el manejo exclusivo de los contratos internacionales de la AFA, percibiendo una comisión del 30% por cada operación.

Las maniobras que involucran a Faroni y a su esposa, Erica Gillete, presidenta de TourProdEnter, también son investigadas en paralelo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, lo que abrió una nueva disputa de competencia entre tribunales.

El predio de Pilar bajo investigación cuenta con lujos y características que llamaron la atención de los investigadores, entre ellos autos y motos de alta gama y de colección, un haras dedicado a la cría de caballos árabes y pura sangre de carrera, y un helipuerto, entre otros bienes de alto valor.

La hipótesis central sostiene que fondos de origen ilícito habrían sido ingresados al circuito legal mediante la compra de la quinta, valuada en alrededor de 20 millones de dólares. Para concretar estas maniobras, se sospecha que se utilizó la sociedad comercial Real Central como una estructura pantalla para ocultar a los verdaderos titulares del patrimonio.

En paralelo, la AFA y sus autoridades enfrentan otra causa por presuntos delitos tributarios. En ese expediente, a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, se investiga a la entidad por la presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social, maniobra mediante la cual se habrían apropiado de más de 19.000 millones de pesos. En ese proceso, el Gobierno nacional se constituyó como querellante a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En este escenario, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, lanzó un contraataque judicial. El dirigente denunció ante la Justicia bonaerense que fue víctima de una maniobra de extorsión por parte del empresario Leandro Camani y de los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes impulsaron las denuncias vinculadas a la quinta de Villa Rosa.

En un escrito de 20 páginas, Tapia sostuvo que las acusaciones sobre su patrimonio y su gestión al frente de la AFA no fueron espontáneas, sino una represalia por haberse negado a habilitar un negocio millonario relacionado con el sistema de fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

Según la denuncia, presentada por su abogado Gregorio Dalbón ante el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro, el conflicto se originó en el marco de su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). Tapia aseguró que Camani, a través de la firma Secutrans S.A., buscó instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el organismo.

Siempre de acuerdo a su versión, ante la negativa a autorizar ese negocio, el empresario habría lanzado amenazas a través de intermediarios, advirtiendo que impulsaría denuncias penales en su contra. "El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial", afirmó Tapia en su presentación.