Avanza la causa AFA: el juez Aguinsky citará a empleados y testigos clave
La investigación apunta a determinar si el predio valuado en 17 millones de dólares fue adquirido mediante testaferros vinculados a la AFA. También fue convocado el empresario Guillermo Tofoni y se analizará el uso de fondos de la entidad para gastos ajenos a su actividad.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky comenzará a definir desde la próxima semana un cronograma de citaciones testimoniales a empleados de la quinta ubicada en Villa Rosa, en el marco de la causa que investiga si el predio, valuado en unos 17 millones de dólares, fue adquirido mediante testaferros por parte de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según trascendió, el juzgado en lo penal económico N°10 recibió una nómina oficial de trabajadores vinculados a la propiedad, que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. En base a ese listado, se avanzará con las declaraciones testimoniales durante los próximos días.
En paralelo, Aguinsky ya citó para el próximo lunes 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien será convocado en calidad de testigo a pedido del fiscal Claudio Navas Rial. El magistrado busca que el denunciante aporte toda la documentación vinculada a presuntas maniobras detectadas en Estados Unidos, que derivaron en un procedimiento de "discovery" para la apertura de información.
Además, el juez fijará fecha para tomar declaración bajo juramento a dos pilotos que, según registros incorporados a la causa, tripularon un helicóptero que realizó reiterados vuelos hacia la quinta, que cuenta con helipuerto propio. La intención es determinar a quiénes trasladaban en esos viajes.
En el expediente también se incorporaron informes recientes que indican que una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, fue utilizada para abonar facturas de energía eléctrica correspondientes a "numerosos domicilios ajenos al quehacer propio de la institución deportiva". A esto se sumó otro reporte que señala que los Telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en el predio también se pagaban con esa misma tarjeta. Ante esta situación, Aguinsky ordenó suspender de manera preventiva todos los débitos asociados a ese plástico.
El avance de la investigación fue avalado este viernes por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que respaldó la decisión de habilitar la feria judicial de enero para continuar con las medidas de prueba. La sala de feria, integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Leopoldo Bruglia, rechazó un planteo de la defensa de Pantano y Conte y dejó firme la resolución de Aguinsky.
Los camaristas destacaron que las normas sobre la habilitación de la feria judicial no constituyen una enumeración taxativa y no deben interpretarse como un límite a la actividad judicial, especialmente cuando se trata de investigaciones penales. También señalaron que el conflicto de competencia -sobre si la causa debe tramitar en Campana o en la Ciudad de Buenos Aires- no debe afectar el avance de la pesquisa.
Pantano y Conte habían sido citados en diciembre para ser notificados de la imputación y ejercer su derecho a descargo, pero la defensa presentó un planteo de inhibitoria para que el expediente pase al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, lo que suspendió momentáneamente esa convocatoria. El argumento central es que las propiedades investigadas están en Pilar y que la denuncia inicial debió haberse radicado allí.
Aguinsky rechazó apartarse del caso, remarcó que la prueba reunida apunta a la AFA como presunta damnificada por maniobras realizadas a través de algunos de sus dirigentes y subrayó que la entidad tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires. La definición sobre la competencia quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.
En diciembre, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas y la prohibición de salida del país para los dos imputados, considerados presuntos testaferros debido a que su situación económica no sería compatible con los bienes registrados a nombre de la sociedad que integran.
La investigación apunta a un presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, que habría sido el paso previo a un posterior lavado de dinero a través de la adquisición de propiedades y otros bienes utilizando terceros como intermediarios.