Hoy se cumplen 150 días desde el cierre intempestivo de la planta de cerámicas ILVA en el Parque Industrial de Pilar, una decisión que dejó a cerca de 300 trabajadores sin empleo y, hasta el momento, sin cobrar salarios pendientes ni indemnizaciones. A más de cinco meses del conflicto, las familias afectadas siguen esperando respuestas concretas por parte de la empresa y de la Justicia.

Desde el 29 de agosto, cuando la fábrica bajó sus persianas y los portones quedaron clausurados, los ex empleados mantienen un acampe permanente en el lugar. Lo que comenzó como una medida preventiva ante la posibilidad de retomar la actividad, se transformó con el tiempo en una estrategia para evitar el vaciamiento de la planta y preservar las chances de recuperar lo que legalmente les corresponde.

En paralelo, la firma ingresó en concurso de acreedores y el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 12, a cargo del juez Hernán Papa, tiene a su cargo el proceso de convocatoria. En ese marco, la empresa solicitó aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en contextos de crisis. Sin embargo, incluso bajo esa modalidad, los trabajadores denuncian que no se abonó ningún monto.

Además, el expediente avanza en tribunales, las familias atraviesan una situación económica crítica. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, otros recurren a trabajos informales o plataformas de transporte, y algunos lograron reinsertarse en empleos formales. No obstante, remarcan que la edad y la falta de oportunidades en el mercado laboral dificultan seriamente la posibilidad de conseguir trabajo estable.

Mientras tanto, continúan las medidas de visibilización, que incluyeron protestas en el Parque Industrial y cortes de tránsito en la Panamericana. El reclamo central sigue siendo el mismo: el pago de los salarios adeudados, las indemnizaciones correspondientes y una salida justa para quienes quedaron en la calle tras el cierre de la planta.