El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no solo alteró el rumbo político de la Argentina, sino que también tuvo un impacto inmediato y visible en la vida cotidiana de ciudades como Pilar. Las crónicas locales de aquellos días reflejan una jornada atípica, marcada por la presencia militar, la interrupción de la actividad institucional y un clima de incertidumbre.

Ese miércoles, la Municipalidad permaneció cerrada al público, aunque con todo su personal en el interior del edificio a la espera de la llegada de las nuevas autoridades. La escena se replicó en bancos, escuelas y oficinas públicas, que directamente no abrieron sus puertas. Sin embargo, el comercio y buena parte de la población mantuvieron una actividad relativamente normal, en una suerte de convivencia entre lo extraordinario y lo cotidiano.

Uno de los rasgos más visibles de la jornada fue el despliegue de operativos militares en distintos puntos del distrito. Sobre la ruta 28 hacia General Rodríguez, frente a la planta de Ganave (hoy Gepsa), efectivos del Ejército, acompañados por policías locales, realizaron controles exhaustivos de vehículos y personas. Los procedimientos eran minuciosos: cada individuo debía descender de los transportes para ser identificado, mientras los uniformados cotejaban datos con listas de nombres buscados.

Controles similares se llevaron a cabo en la ruta 25 hacia Escobar y en otros accesos estratégicos, en operativos que se extendían durante largos períodos y que alteraban la circulación habitual. La presencia armada y la rigurosidad de los procedimientos evidenciaban el cambio de escenario que se estaba produciendo.

Al día siguiente, el jueves 25 de marzo, se concretó la llegada de los militares al edificio municipal. Cerca de las 10.30 de la mañana, una camioneta con una decena de soldados se estacionó en la puerta del palacio comunal, marcando el inicio formal de la intervención en la administración local.

El impacto institucional había comenzado incluso antes. El lunes 22 de marzo, el Concejo Deliberante había realizado su primera sesión tras el receso veraniego. Sin saberlo, aquella reunión sería la última. Los acontecimientos posteriores interrumpieron el funcionamiento del cuerpo legislativo, dando inicio a un período de suspensión de la actividad democrática a nivel local.

En paralelo, comenzaron a implementarse medidas que afectaban directamente a la prensa. Días después del golpe, los responsables de los medios fueron notificados de disposiciones que prohibían la publicación de solicitadas de carácter político, consolidando un esquema de control informativo que se profundizaría con el tiempo.

En Pilar, como en gran parte del país, el golpe no se vivió como un hecho abstracto o lejano. Se manifestó en cambios concretos: instituciones cerradas, controles en las calles, presencia militar en edificios públicos y el silenciamiento progresivo de la actividad política.

A partir de entonces, la vida cotidiana en el distrito comenzaría a transitar un nuevo escenario, en el que el orden impuesto por las Fuerzas Armadas conviviría con prácticas cada vez más restrictivas y un contexto que, lejos de pacificarse, seguiría mostrando signos de violencia.