Opinión

A 10 años del Golpe de Estado a Manuel Zelaya

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Por Mg. Dolores Gandulfo (*)

Hace diez años participaba como observadora internacional en el proceso electoral en Honduras, que tenía como objeto una consulta popular para conocer si los ciudadanos estaban de acuerdo en que se instalara una cuarta urna durante las elecciones del 29 de noviembre de 2009, en la que se consultaría la posibilidad de establecer una nueva Asamblea, que tendría la posibilidad de realizar reformas a la Constitución de la República de Honduras.

El entusiasmo por la jornada cívica se vio frustrado por una serie de sucesos que desencadenaron en un golpe de estado que inició un capítulo negro en la historia hondureña y latinoamericana. Con una respuesta elocuentemente tibia de la Organización de Estados Americanos, el Congreso acusó al presidente Manuel Zelaya de “reiteradas violaciones a la Constitución” y designó como reemplazo a su titular, Roberto Micheletti, por el tiempo que faltaba para terminar el período constitucional y que culminaba el 27 de enero del año 2010.

Lo acontecido a partir del 28 de junio de 2009 puso en evidencia que la democracia hondureña es mucho más vulnerable de lo pensado, es un ejemplo de la fragilidad de los regímenes donde la democracia no está consolidada así como también de las pocas herramientas de las que dispone la comunidad internacional para revertir sin violencia el curso marcado por la crisis.

Latinoamérica posee una larga historia de golpes y gobiernos militares. Si bien algunos países han recuperado antes que otros el sistema democrático, la gran mayoría ha conocido dichos regímenes. La lucha por la recuperación de la democracia en Latinoamérica ha tendido a no visualizar su integral sentido, instalando en el imaginario colectivo una concepción incompleta donde la democracia implica solamente la libre elección de representantes.

Guillermo O´ Donnell llamaba democracia delegativa, a aquella donde existe accountability vertical retrospectiva, entre representantes y representados, mediante el acto electoral, pero no accountability horizontal, es decir, la existencia de control mutuo entre las instituciones democráticas que componen el Estado, de vital importancia para el correcto funcionamiento de la democracia. Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en los acontecimientos del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia.

Los posteriores procesos destituyentes en Paraguay y en Brasil son claros ejemplos de ello, y de lo poco que cuenta en ciertos regímenes políticos la voluntad popular.

En estos diez años que pasaron poco se hizo para trabajar en este sentido. Dos procesos electorales (2013 y 2017) permitieron el ascenso al poder de Juan Orlando Hernández, acusado de fraude reiteradamente, incluso por parte de la comunidad internacional. Tanto Xiomara Castro como Salvador Nasrrala, sus competidores en dichos procesos, hicieron presentaciones en ámbitos regionales e internacionales cuestionando los resultados. Con el apoyo de Estados Unidos, socio estratégico del país centroamericano Hernández asumió ambos períodos sin contar con la legitimidad de la ciudadanía.

En las últimas semanas observamos el recrudecimiento de la violencia en Honduras, producto de una profunda crisis económica, política y social, que se suma al malestar por las medidas de privatización del sistema educativo y de salud lo cual provocó la salida a la calle de muchísimos estudiantes que fueron reprimidos por el gobierno.

Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) expresó profunda consternación por las consecuencias del operativo de las fuerzas militares.

El reconocido cientista político Norberto Bobbio habla de paz positiva y paz negativa, entendiendo a la segunda como ausencia de violencia física y a la primera como ausencia de violencia estructural, que implica que no existan condiciones de pobreza y marginalidad que pongan en riesgo el tejido social. Sin que estas condiciones estén dadas, y está claro que en Honduras no lo están, difícilmente podamos ver que la crisis institucional que se vivió hace 10 años tenga un horizonte de solución de cara a la próxima década.

(*)Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), y Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

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