I. El Campo como un motor histórico de la economía argentina

A partir de la década de 1970 se consolidó la idea de una Argentina dominada por los servicios, profundizándose en los años 90. El proceso de desindustrialización y el impacto de la tecnología, las finanzas y las privatizaciones hicieron que el sector de servicios crezca de una manera drástica.

Aunque los manuales de economía de las últimas cuatro décadas nos digan que Argentina es un país de servicios, estos colapsarían en semanas sin el 60% de los dólares que ingresa la agroindustria.

El campo ha sido históricamente el motor de la economía argentina. Sector que hoy en día ve de afuera los incentivos económicos promovidos por el Estado Nacional.

II. Sangría de las retenciones. Millones que se esfumaron

En las últimas dos décadas, el sector agroexportador aportó más de USD150.000 millones en concepto de Derechos de Exportación (retenciones). Millones de dólares que se esfumaron en las arcas centrales y que no retornaron de ninguna manera a los productores. No solo se trata de montos que jamás fueron coparticipables con las provincias de origen, sino que tampoco repercutieron en el estado de los caminos rurales, la mejora de las principales rutas productivas o en una mejora de los accesos a los puertos.

Esta falta constante de infraestructura no solo genera enormes riesgos viales y accidentes, sino también costosas pérdidas económicas debido a las tardanzas logísticas provocadas por el nulo mantenimiento estatal.

El Estado durante décadas ha sido un socio voraz en las ganancias brutas, pero estuvo ausente en la reinversión necesaria para la competitividad.

III. RIGI y el laberinto del RIMI. Promesas con barreras

"El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado por la Ley 27.742 -'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'- para impulsar el desarrollo economico del país y atraer inversiones nacionales y extranjeras", reza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Un incentivo que, paradójicamente, deja afuera por lejos a las inversiones del sector agropecuario: nuestro mayor motor productivo.

Tiempo después, el Estado, a través del Decreto 242/26, reglamentó el "Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones" (RIMI). Lejos de ser una solución para el sector anteriormente mencionado, este régimen trajo barreras burocráticas excesivas, cupos limitados, falta de acceso a crédito real a tasas internacionales y una enorme complejidad para monetizar los beneficios fiscales.

Ahora bien, ¿cómo repercute esto concretamente en el pequeño o mediano productor con intención de invertir? Primero, el beneficio del RIMI está limitado por un cupo anual fijado en la Ley de Presupuesto. Esto significa que los fondos se asignan por orden de llegada y proporcionalidad. Si un productor presenta todos los papeles necesarios, pero el cupo ya fue agotado, el beneficio se esfuma.

Otra barrera para calificar a este régimen y sostenerlo, es que el productor no puede tener deudas fiscales firmes, exigibles e impagas. Resulta ilógico este punto, siendo que el productor mediano, muchas veces castigado por el clima o la macroeconomía, es el que más necesita el incentivo para recuperarse e invertir.

Finalmente, si bien el Congreso intentó flexibilizar algunos rubros -como la genética bovina o el riego-, el RIMI impone pisos que, para un productor mediano, pueden ser inalcanzables. Los montos exigidos en inversiones mínimas son de USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, y de entre USD 3,5 a USD 9 millones para las medianas.

Inversiones cotidianas como cambiar un tractor, renovar un galpón o acopiar insumos tecnológicos, pueden no mover la aguja para ingresar a un régimen que exige un esfuerzo titánico, generando al final del día un margen muy pequeño de ahorro real.

IV. Contraste filosófico y económico: minería vs. Agro

En el último tiempo, en nuestro país se ha incentivado de manera ferviente la explotación minera. Tal es así que, mediante el Decreto 482/2026, se actualizó y simplificó el reglamento del "Régimen de Inversiones Mineras", una norma que no se modificaba hacía treinta años, impidiendo desarrollar el potencial del sector.

Ahora bien, ¿está mal el avance de la minería? Entendemos que no, para nada, siempre que se cumplan los recaudos ambientales necesarios. La extracción de minerales como el litio demanda enormes volúmenes de agua dulce o salmuera. Este bombeo constante puede generar sequías en vegas, humedales y napas subterráneas. Además, el agua no solo se consume, sino que existe un gran riesgo de contaminación durante la lixiviación, un proceso que consiste en disolver y separar los componentes solubles de un material sólido utilizando un solvente líquido.

Por otro lado, la remoción masiva implica detonar montañas con explosivos, destruyendo por completo la topografía original y arrasando con la flora y la fauna local. Todo esto sin mencionar la contaminación del aire, ya que el impacto atmosférico es constante durante las décadas que dura la operación. La minería termina siendo una actividad a la que se le otorgan grandes incentivos y se la posiciona en un lugar de privilegio, pero que, de no realizarse con las debidas diligencias, puede dejarnos un pasivo ambiental gigantesco.

En la vereda opuesta, la agroindustria puede regenerar y mantener la tierra productiva de forma indefinida. A esto se le suma el poder de la economía circular: el maíz, por ejemplo, puede convertirse en biocombustible, mientras que con la burlanda (una masa húmeda que concentra toda la proteína, la fibra y los minerales del grano) se alimenta al ganado, generando energía limpia y alimento sin producir desperdicios.

Resulta sorpresivo que, en un momento histórico donde el mundo entero incentiva el cuidado ambiental y la reducción de emisiones, nuestro país ponga la explotación extractiva por encima de su motor biológico más potente.

V. Contraste social: la batalla del empleo

Uno de los puntos más destacados en las inversiones que se están realizando en el sector minero, es la cuestión del empleo prometiendo la creación de unos 30.000 puestos de trabajo. Si bien es real que son empleos bien remunerados, se concentran en determinadas zonas geográficas, con picos temporales durante la construcción minera, que luego se reducen en la etapa de operación.

Sin indagar en que tipos de puestos de trabajo crea -si son temporales o permanentes-, cabe destacar que poco se evalúa la cantidad de empleos que puede producir el sector agro.

Si tomamos la trazabilidad de la cadena de la carne vacuna, por ejemplo, pueden generarse entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo en todo el país. Puestos que sean permanentes, debido a que en este caso se trata de frutos que no son finitos, como es en el caso de la minería. Además de evaluar la cantidad de empleos directos, no deben dejar de tenerse en cuenta los puestos indirectos y la vida que le otorgan estos a los pueblos del interior de nuestro país.

Apoyar al agro no es solo apoyar exportaciones, sino sostener el trabajo diario de casi un cuarto de los argentinos.